Casi todas las empresas vinculadas al ámbito inmobiliario encuentran en la burocracia que rodea al sector uno de los escollos más difíciles de superar. El objetivo prioritario pasa por reducir al mínimo los trámites administrativos. Para lograr este propósito, la nueva Ley Ómnibus en la Comunidad de Madrid parece redactada exprofeso con esa intención.
Esta ley de suelo y urbanismo incluye una serie de medidas legislativas que atañen tanto a la ordenación territorial como a la ordenación urbanística. Dichas medidas complementan a dos leyes autonómicas previas: la Ley del Suelo del 2001 y la Ley de Medidas de Política Territorial del 1995.
Esta nueva Ley pretende actualizar la actividad urbanística de la ciudad en función de sus circunstancias económicas y sociales.
Según explicaba Antonio Ñudi en declaraciones a El Economista: “Es imprescindible adaptar Madrid a sus necesidades particulares. Sin embargo, la rigidez de las normas urbanísticas que predeterminan el uso del suelo impedía abordar estos procesos de cambio. Por ello, debemos valorar como trascendente la importancia de este tipo de medidas adoptadas por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid».
La Ley Ómnibus servirá además para llevar a cabo una serie de cambios en el uso de la edificabilidad de solares o edificios, (siempre y cuando se justifique la viabilidad económica del proyecto con las dotaciones públicas). Aparte, la autonomía municipal tendrá la potestad de tramitar cualquier modificación en los Planes Especiales, una medida que rompe con los antiguos procesos burocráticos.
En palabras de Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM): “La llegada de esta ley modifica al fin el estatuto jurídico de los patrimonios públicos de suelo. Su entrada en vigor permitirá utilizar suelos dotacionales vacantes, para la construcción de viviendas protegidas en los mismos, al considerarse ahora como parte de la red de servicios».
Durante el primer trimestre del año 2022, Carmen Panadero, (presidenta de Wires), señaló lo que iba a significar esta nueva ley planteando cuatro retos distintos:
- Residencial: capaz de paliar el problema de acceso a la vivienda en las ciudades, refiriéndose especialmente a los colectivos de jóvenes y vulnerables. Además de generar también la atracción de talento internacional.
- Tramitación: alude a los problemas vinculados a la lentitud de trámites administrativos que lastran la actividad económica.
- Seguridad jurídica: orientado a la necesidad de clarificar las reglas del juego en colaboraciones público-privadas.
- Usos del suelo: activación económica y reactivación de los entornos rurales, mediante la regulación de los usos en suelos no urbanizables.
A propósito del primer reto mencionado, Panadero destacó las medidas en función del tipo de suelo al que se refiera:
- Suelos dotacionales: se posibilita la implantación de uso residencial para viviendas públicas sujetas a un régimen de protección sobre la red de suelos dotacionales tales como equipamientos educativos, culturales, sanitarios, deportivos, etc.
- Suelo urbano no consolidado: se incluye la obligación de reserva del 10% de la edificabilidad residencial para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública (VPP).
En cuanto a los trámites administrativos, la presidenta de Wires subrayó seis medidas muy concretas:
- La reducción en el plazo para la emisión del informe de impacto territorial. (4 meses)
- Se otorga carácter de silencio administrativo positivo a aquellos informes sectoriales y municipales no preceptivo pero necesarios.
- Se amplía el plazo de información pública de los avances de PGOU de 30 a 45 días.
- Se desliga la figura del Proyecto de Alcance Regional del Plan Regional de Estrategia Territorial, se elimina el requisito de justificación de la utilidad pública o interés social o se clarifica su vinculación y efectos directos sobre los PGOUs.
- En Planes Parciales se aclara y flexibiliza la posibilidad de modificación de las determinaciones pormenorizadas.
- En Planes Especiales se podrán modificar determinaciones estructurantes del planeamiento.
En definitiva, otra de las ventajas de esta Ley Ómnibus, junto con las nuevas declaraciones responsables del Ayuntamiento de Madrid han permitido un ahorro de hasta 200 millones de euros al sector inmobiliario, según datos de Asprima recogidos por El Economista.